27 October 2010, strasbourg, FRANCE

INTERVENCION DEL VICEPRESIDENTE TERCERO DEL GOBIERNO DE ESPAÑA Y MNISTRO DE POLITICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACION PÚBLICA ANTE EL CONGRESO DE PODERES LOCALES Y REGIONALES

Sr. Presidente del Congreso de Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa,

Ilustrísimos Representantes del Congreso, del Comité de Ministros y de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa,

Señoras y señores

 

Quisiera, en primer lugar, expresar  al Congreso, a su Presidente y a todos sus miembros, mi agradecimiento por esta invitación a dirigirme hoy a ustedes y poder compartir algunas reflexiones sobre temas que estimo son de interés para todos.  Como algunos de ustedes saben tuve el honor y la responsabilidad de presidir el gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía durante casi 20 años y conozco bien este organismo y sus funciones.

El Consejo de Europa es la organización política más antigua y también la que agrupa a más países del continente.  La Europa social y democrática de Derecho que somos tiene como referente indiscutible a esta institución, aunque a veces no se haya sabido reconocer en toda su dimensión.

Su labor durante más de 60 años en la protección y la promoción de los derechos humanos, las libertades y el Estado de derecho en nuestro continente ha sido clave para convertirnos en lo que hoy somos, y sobre todo, en lo que debemos seguir siendo, mirando a un futuro que nos plantea exigencias ineludibles.

Hoy estamos ante una época de profundos cambios, pero, sobre todo, ante todo un cambio de época. La crisis económica por la que atravesamos se ha convertido, como ha dicho recientemente Felipe González, en un parteaguas de la historia en un proceso de cambio mundial que arranca con la caída del muro de Berlín y la irrupción de la revolución tecnológica.

En las últimas dos décadas se han producido enormes transformaciones en el terreno geopolítico, pero también en el social, económico, informacional y, obviamente, en el cultural. Nada es ya como antes y nada será como antes. Y la obligación de todos aquellos que tenemos responsabilidades políticas es asegurarnos de comprender el sentido profundo de esos cambios.

Todos los grandes desafíos a los que nos enfrentamos, el de la regulación financiera, el económico, el tecnológico, el energético, el de la seguridad, el cambio climático o los flujos migratorios están requiriendo de nuevos mecanismos de gobernanza global y ello se produce, precisamente, en un momento en que decrece la confianza de la ciudadanía europea en los instrumentos supranacionales.

Con la interdependencia global y la irrupción de un mundo multipolar cuya mejor imagen es la del G-20 se está configurando un nuevo escenario en el que el papel de Europa corre el riesgo de difuminarse, perder relevancia y, consecuentemente, convertirse en secundario.

Nunca como ahora se le había planteado a Europa un reto de tales características y éste es el momento en el que todos debemos dar lo mejor de nosotros mismos. Tenemos que ser conscientes, y decirlo con claridad a los ciudadanos, de que el mundo ha cambiado y de que nosotros, europeos, debemos hacerlo también para preservar nuestros valores, para defender nuestros intereses y para garantizar nuestro bienestar.

Esa exigencia colectiva que los nuevos tiempos hacen a todo el continente concierne también a todas sus instituciones y también, en consecuencia, al Consejo de Europa.

Europa, y el propio Consejo de Europa, no pueden caer en la autocomplacencia al recordar y poner en valor sus avances históricos. Nuestros orígenes y nuestros éxitos como Institución son la base de nuestro presente y son los que nos proporcionan la fuerza para actuar con la energía necesaria, con las reformas precisas para seguir siendo en el futuro el referente de la protección y la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos europeos.

Como responsables políticos debemos defender nuestro modelo y las Instituciones que lo impulsan y salvaguardan y estoy seguro de que comparten conmigo que nuestra mejor defensa, en lo que se refiere específicamente al Consejo de Europa, es una reforma que adapte la Institución a la realidad y las necesidades de la Europa de la del siglo XXI, una reforma que implique avanzar en el proceso de información, coordinación e implicación entre los diferentes órganos del Consejo de Europa.

En este sentido, permítanme que les diga que sigo con enorme interés el trabajo que están llevando a cabo en el seno del Congreso en relación a su reforma. Sigo de cerca y con atención este proceso y creo que, efectivamente, en una época como la actual de crisis económica, todos los organismos y administraciones públicas debemos velar especialmente por hacer un esfuerzo de responsabilidad e intentar una mayor eficiencia a un menor coste. Así lo han hecho España y otros países europeos, y por lo tanto coincido con el criterio del Congreso de avanzar en esa dirección.

Éste no es un tema menor, ni siquiera un asunto meramente “fiscal” o “presupuestario”, porque sólo trabajando en esa vía lograremos mantener la seguridad y convicción de nuestros ciudadanos en las instituciones y evitaremos una crisis de confianza que podría ser más profunda y perjudicial que la propia crisis económica que hemos sufrido.

Y permítanme que resalte en este punto el papel de los gobiernos locales y regionales en la realidad europea. Hace poco Elie Barnavi hablaba del “milagro europeo”, aquel que habría tenido lugar en los últimos 20 años con la expansión definitiva a todo el continente de la democracia, el estado de derecho y la garantía de las libertades fundamentales.

Barnavi señalaba entre sus causas, junto a procesos supranacionales como el final de la guerra fría o la consolidación de la Unión Europea, a otra aparentemente menos llamativa, pero de una importancia clave en la Europa del siglo XXI, a saber: la definitiva emergencia de las entidades locales y regionales del continente europeo como  administraciones responsables política y administrativamente y encargadas de suministrar competencias y servicios esenciales a los ciudadanos del continente.

Y es que, efectivamente, su contribución a la configuración del actual modelo europeo de democracia, al funcionamiento de las instituciones, a la mejora de la calidad de vida y a la vinculación de los ciudadanos con lo público es, hoy en día, indiscutible. Nuestras ciudades y regiones constituyen un escenario privilegiado del cambio social actual, y representan espacios centrales de la producción de riqueza en nuestros países.

Me gustaría subrayar la gran aportación que los poderes locales y regionales pueden y deben hacer a uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta Europa en estos momentos. Me refiero a la necesidad de gestionar la actual diversidad europea, desde la inteligencia y desde el realismo.

La verdad es que uno de los grandes cambios a los que antes hacía referencia es que las sociedades actuales, desde luego la Europa actual, son sociedades mucho más diversas de las que conocieron nuestros padres y nuestros abuelos.

Gestionar esta nueva realidad, por otra parte irreversible, significa que las democracias europeas deben remodelarse para acoger en su seno el reconocimiento de la diferencia pero, a la vez, deben reforzar un marco claro de derechos y deberes iguales para todos, sobre la base irrenunciable, que forma parte de la identidad común europea, de los derechos humanos, las libertades fundamentales y el imperio de la ley civil.

Y es claro que, en la gestión de esa diversidad, han de jugar un papel especialmente relevante las instituciones más cercanas a los ciudadanos. En su célebre libro La democracia en América, Alexis de Tocqueville aseguraba que el éxito de la democracia estaba en función de que la ciudadanía estuviera comprometida con sus gobiernos locales. Allí calificaba a las administraciones más cercanas a los ciudadanos como “escuelas de democracia”, a las que consideraba fundamentales para el funcionamiento de la democracia en general.

Aunque los Estados Unidos de la primera mitad del siglo XIX y la Europa del siglo XXI difieran en muchas cosas, creo que podemos afirmar que sigue vigente la afirmación de Tocqueville en el sentido de que estos valores de democratización dependen mucho de que los europeos y las europeas seamos capaces de configurar una mejor gobernanza que optimice la prestación de servicios, la planificación territorial y la participación ciudadana. Una nueva gobernanza que redundará, sin ninguna duda, en que los gobiernos locales y regionales se constituyan, como antes afirmaba, en actores e interlocutores relevantes de la construcción europea.

Y, precisamente, ésa es una de las direcciones hacia la que nos lleva el debate sobre qué Consejo de Europa queremos y que, espero, se verá reflejado en mi informe. Con esta nueva Gobernanza multinivel se trata, a mi entender, de maximizar los instrumentos de coordinación que ya están a nuestro alcance, sin generar, por tanto, más estructuras y procedimientos burocráticos que ralenticen el proceso de toma de decisiones, y se trata también de respetar la autonomía de cada institución y de identificar los problemas o posibles disfunciones para intentar solucionarlos.

Ello requerirá, sin duda, de un importante esfuerzo por parte de todos que merece la pena, pues podríamos sentar las bases para una actuación más fructífera del Consejo de Europa en todos los ámbitos de la política local y regional.

El Consejo de Europa es una de las instituciones con mayor trayectoria en el ámbito de la democracia local y regional y que ha prestado más atención a su promoción e impulso, en gran parte gracias a la actuación del Congreso de Poderes Locales y Regionales, así como de la Conferencia de Ministros Responsables de Gobiernos Locales y Regionales.

Y precisamente en un momento en el que hasta 47 países, con tanta diversidad histórica y política conforman esta institución, y en un contexto marcado por las más profundas crisis económicas y financieras que nuestro continente haya conocido desde los años 30 del pasado siglo, es cuando se impone la necesidad de seguir profundizando en la mejora de las relaciones entre los diferentes niveles de la administración, pues sólo así conseguiremos aprovechar el conjunto de potencialidades de todas ellas.

Señoras, señores, como Presidente de una Comunidad Autónoma española he compartido con ustedes las preocupaciones y las dificultades que a veces entraña la coordinación entre los diversos niveles de gobierno.

Y ahora, como miembro del Gobierno del Reino de España, soy tan consciente como entonces de que en toda relación entre distintos poderes territoriales y políticos cabe siempre la posibilidad de que existan puntos de desencuentro, algo que, por otro lado, me atreveré a decir que a veces puede ser incluso positivo, pues sólo cuando funcionan los distintos contrapesos y equilibrios

constitucionales podemos afirmar que disfrutamos de un sistema democrático sano y robusto.

Para ello, conviene conjugar diversos principios que forman ya parte de nuestra cultura política común, como la subsidiariedad, la cooperación, la identidad y la cohesión.

En mi opinión, la Gobernanza multinivel es la clave de bóveda para lograr el éxito de este proceso, al permitir combinar y aplicar las políticas europeas, nacionales, regionales y locales para así poder responder a los retos globales a los que debe hacer frente nuestro continente en esta segunda década del siglo XXI.

En ese contexto quiero situar precisamente el Informe que se me encomendó en la Conferencia de Ministros Responsables de Gobiernos Locales y Regionales celebrada en Utrecht el año pasado, informe que presentaré en noviembre del año que viene en Kiev y que versará sobre cuatro cuestiones fundamentales:

-       La cooperación entre el sector intergubernamental y el Congreso.

-       La observación electoral que realiza el Congreso sobre el cumplimiento de la Carta de Gobiernos Locales.

-       El desarrollo de una “agenda de la democracia local y regional del Consejo de Europa”, que debería ser el fruto de la cooperación entre el sector intergubernamental y el Congreso.

-       La evaluación periódica de los trabajos de Consejo de Europa en la promoción de la democracia local y regional.

Tengan la seguridad de que, en este trabajo, aprovecharé la labor ya realizada por el Informe de la actual Primera Ministra de Finlandia, la señora Kiviniemi, que señaló con toda claridad que la promoción de la democracia local y regional por parte del Consejo de Europa sigue siendo indispensable, pero que, asimismo, deberá evolucionar al paso que lo hace el mundo que nos rodea.

Señor Presidente, señoras y señores

Dice un proverbio africano: “Puedes caminar sólo hasta la vuelta de la esquina; pero si el viaje es largo y quieres llegar lejos, rodéate de amigos”

Lo que quiero decirles es que no entiendo que la tarea que me encomendaron en Utrecht sea posible sin la participación y colaboración  de todos ustedes. Por ello, me gustaría animarles a que este informe pueda recoger los frutos de un verdadero diálogo político entre ustedes y nosotros, entre el Congreso y el sector intergubernamental.

Un diálogo que, para que sea útil y provechoso, debe ser franco, abierto y sustantivo y que se enfrentará probablemente a discrepancias y a diferencias, pero que nos permitirá afrontar esas distintas percepciones con más posibilidades de superarlas y de seguir ofreciendo a nuestros ciudadanos los avances en calidad democrática que, evidentemente, necesitamos en este momento para fortalecer nuestras instituciones.

Un diálogo que quizás pueda aprovecharse de las sinergias que se suscitan con ocasión de las Conferencias de Ministros Responsables de Gobiernos Locales y Regionales. De hecho, antes de concluir quisiera dejar aquí planteada la cuestión siguiente: ¿no podríamos aprovechar esa oportunidad que se da cada dos años para establecer un diálogo político entre el Congreso y el sector intergubernamental al más alto nivel?

Confío en que el informe que se me encomendó en Utrecht y las propuestas que emanarán de él permitirán reforzar el trabajo que lleva a cabo el Consejo de Europa en el campo de la democracia local y regional, y por ello animo a todos a contribuir activamente a este ejercicio, ya que pienso que, como dice el pensador francés Todorov, la acción pública de nuestro tiempo debe ser mucho más activa y ambiciosa, pues debe hacer de los individuos humanos la finalidad de nuestras instituciones y de nuestras decisiones políticas y económicas, provocando así lo que él llama una “revolución tranquila”.

Y es que, a un continente como el nuestro, con una carga histórica tan llena de tragedias y extremismos pero que, aún con las heridas de la II Guerra Mundial abiertas, fue capaz de dotarse de una Institución como el Consejo de Europa, para defender los derechos humanos, la democracia y la preeminencia del derecho, el mejor servicio que podríamos rendirle los que ejercemos responsabilidades políticas es el de asegurar el éxito de esa revolución tranquila que convierte a nuestros ciudadanos en el centro de nuestra actuación.

Muchas gracias.