EL COMISARIO PARA LOS DERECHOS HUMANOS

Estrasburgo, el 9 de marzo de 2001

CommDH(2001)2

Version orginal en francés

INFORME DEL SR. ÁLVARO GIL-ROBLES, COMISARIO DE DERECHOS HUMANOS SOBRE SU VIAJE A ESPAÑA Y, EN PARTICULAR, AL PAIS VASCO

5 al 8 de febrero de 2001

para el Comité de Ministros y la Asamblea Parlamentaria
 

I. Introducción

1. Del 5 al 8 de febrero, realicé, por iniciativa propia, una visita a España, concretamente a Madrid y a la Comunidad Autónoma Vasca, motivada por la situación creada en esta comunidad Autónoma por la continua violación de los derechos humanos, provocada por la acción terrorista.

Durante los últimos meses he recibido varias quejas sobre la situación que soportan los ciudadanos de toda España y muy particularmente los residentes en la Comunidad Autónoma Vasca, como consecuencia de las amenazas y la acción terrorista, así como a causa de la violencia urbana llamada Kale Borroca. Esta situación se ha deteriorado hasta tal punto que afecta claramente no sólo a los derechos individuales fundamentales, sino también al libre ejercicio de ciertos derechos cívicos y políticos que son la base y el soporte de toda democracia, como expondré seguidamente.

Como Comisario de Derechos Humanos, que cuenta entre sus funciones esenciales la de velar por el respeto efectivo al pleno disfrute de los derechos humanos en los Estados miembros, no podía ni debía ignorar una situación semejante, sea cual sea el país en el que se produce, en tanto pertenezca al Consejo de Europa, no sólo como indispensable gesto de solidaridad con los que, de una u otra forma, son víctimas del terrorismo, sino también como ejercicio de mis competencias estatutarias que son también obligaciones ineludibles, colaborando así en la defensa de la democracia, de la libertad y del estado de derecho.

Está claro, pues, el objetivo exclusivo del viaje, que en ningún caso se puede entender como una hipotética intervención de mediación política, fuera de lugar en un Estado miembro que disfruta de un sistema plenamente democrático y dispone de mecanismos institucionales adecuados para determinar su vida política en paz y en libertad.

2. Por esto empecé por mantener los contactos oportunos con el Ministerio de Asuntos Exteriores, con el fin de preparar la visita y, una vez fijadas las fechas, debo agradecer a este ministerio su cooperación en la elaboración de la agenda de las entrevistas, habiéndose tenido en cuenta todas mis solicitudes y habiéndome sido prodigado el necesario apoyo logístico y de seguridad a lo largo de mi viaje. También me gustaría expresar en particular mi agradecimiento al embajador Guillermo Kirkpatrick, por su inestimable ayuda en la preparación del viaje, así como por su presencia en Madrid durante los encuentros oficiales.

3. Durante la visita, que se desarrolló el 5 y el 8 de febrero en Madrid y el 6 y 7 en la Comunidad Autónoma Vasca (provincias de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava), mantuve encuentros con autoridades nacionales (el Ministro de Asuntos Exteriores y de Interior, la Presidenta del Congreso de los Diputados, y el Presidente del Consejo General del Poder Judicial) y autoridades de la Comunidad Autónoma Vasca (Presidente del Gobierno Vasco, Consejeros de Interior, Cultura y Justicia), varias organizaciones representantes de las víctimas del terrorismo y otras agrupaciones ciudadanas cuyo único objetivo es pedir la paz y denunciar la acción terrorista, así como la que representa a las familias de los presos por causa terrorista.

Pude hablar largo y tendido con el sindicato mayoritario de la policía autónoma vasca, los representantes de los partidos políticos, a petición suya, los portavoces de los grupos parlamentarios tanto en el Congreso de los Diputados como en el Parlamento Vasco, el obispo de San Sebastián y otras entidades y personas que sería largo enumerar aquí (pero que se mencionan en el programa adjunto a este informe).

La entrevista con el Rector de la Universidad del País Vasco fue de una importancia especial por el hecho de que un buen número de sus profesores son objeto de una persecución especial, con amenazas, agresiones físicas e incluso bombas que, en algunos casos, les han llevado a abandonar temporalmente su actividad de enseñanza y, en otros, a emigrar fuera del País Vasco para salvar la vida.

También pude visitar, aunque rápidamente, la prisión de Basauri, en Bilbao, y entrevistarme con el Ararteko (Ombudsman) del País Vasco, así como con los medios de comunicación, lo que me ha permitido tener un conocimiento directo y creo que muy completo de la situación tal y como se vive en esta Comunidad Autónoma.

Durante la visita estuve acompañado por Mika Boedeker, al que agradezco su inestimable colaboración.

II. Estudio general

1. Después de haber escuchado, con ocasión de mi primera visita a Bilbao, a un grupo de personas procedentes de ambientes diversos (profesores de universidad, magistrados, periodistas, médicos, consejeros municipales, alcaldes, etc.) de ideologías diferentes, he podido constatar la enorme tensión a la que están sometidas las personas que desempeñan un cargo electo, las que despeñan la función judicial o las que, en privado (o incluso en público) han tomado posiciones a favor del orden constitucional en vigor, así como las que hayan podido emitir o escribir opiniones críticas sobre el nacionalismo u opuestas a la banda terrorista ETA y, naturalmente, de forma muy especial a los que pertenecen al cuerpo y fuerzas de seguridad del Estado.

2. Todas estas personas están de acuerdo en el hecho de que la actuación de la banda terrorista ETA (asesinatos, secuestros, extorsiones a los comerciantes y empresarios) no era la única causa de la violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales que sufre una gran parte de la población vasca (concretamente la que no se considera nacionalista militante, es decir, más del 50% de la población vasca), y que la violencia ejercida por grupos de jóvenes en la calle, denominada Kale Borroca, era un factor determinante para mantener el clima de terror a su alrededor, y en particular entre los intelectuales y los responsables de partidos no nacionalistas, funcionarios y fuerzas de seguridad del Estado. Según mis interlocutores, a esto hay que añadir que estas agresiones se producen no sólo contra personas acusadas de ser españolistas o constitucionalistas, sino también contra sus familias y sus bienes. Esta violencia se ejerce, según ellos, en un clima de impunidad casi total, debido a la pasividad de la policía autónoma vasca (llamada Ertzaintza) cuando se trata de reprimir eficazmente la acción de esos grupos y de realizar el indispensable trabajo de investigación al respecto.

3. Parecía muy revelador que la mayoría de los participantes en esta cena, una docena de personas, estuvieran acompañados por una escolta de policía, que algunos de ellos reconocieran que habían tenido que cambiar de domicilio a lo largo de los últimos meses, que otros hubieran abandonado sus clases en la universidad, mientras que algunos de sus amigos especialmente amenazados habían tenido que exiliarse en el extranjero para salvar la vida. Aunque nadie lo pidió expresamente, era evidente que había que mantener en secreto sus nombres.

4. Y toda esta dramática narración estaba hecha por ciudadanos de una Comunidad Autónoma de 2.098.628 habitantes, regida por un Estatuto de Autonomía (Ley 3/1979 del 18 de diciembre) que crea sus propias instituciones de autogobierno (Gobierno y Parlamento de la Comunidad Autónoma) y que goza de un marco de competencias exclusivas muy amplio (enseñanza, sanidad, transportes, carreteras, industria, cultura, entre otras competencias que sería muy largo citar extensamente y que están reconocidas en la Constitución y en el Estatuto, sin olvidar las competencias transferidas a lo largo de estos últimos años por más de 90 decretos correspondientes). Además, esta Comunidad Autónoma disfruta, gracias a un acuerdo con el Estado, de una capacidad propia de recaudación de impuestos, de una policía autónoma vasca (la Ertzaintza) concebida como policía integral, así como una televisión y radio públicas vascas que emiten en vasco, que se reconoce como lengua oficial, y la enseñanza se hace en vasco y en español, aunque en determinadas escuelas, incluidas algunas subvencionadas, la enseñanza se realiza fundamentalmente en vasco. Todo esto hace que esta Comunidad disponga hoy día de más competencias que un land alemán, por poner un ejemplo de un Estado Federal avanzado.

5. También hay que constatar que militantes nacionalistas vascos conocidos, que han tenido puestos públicos importantes, o que asumen actualmente tales funciones, como el Alcalde de Bilbao o el Presidente del Parlamento Vasco, me han puesto al corriente, muy claramente, de su profunda inquietud frente a los actos violentos perpetrados en el País Vasco y sus consecuencias. El Presidente del PNV ha negado formalmente la existencia de cualquier pacto concreto con ETA.

III. Sobre las causas concretas de la violación de los derechos humanos en el País Vasco

Aunque sea imposible en este informe tratar en profundidad todas las causas que han llevado a la actual situación de violencia que reina en el País Vasco, creo, sin embargo, que en este momento se pueden identificar dos causas principales como generadoras de la actual violación de los derechos humanos en una parte de la población vasca, a saber, la acción directa de la banda terrorista ETA y la violencia urbana ejercida por grupos de personas próximas a ETA y que se llaman Kale Borroka.

1.No cabe duda de que la acción de ETA atenta directamente contra el más esencial derecho del hombre – el derecho a la vida – y también a la libertad y a la seguridad de las personas (los secuestros criminales son verdaderos actos de tortura para las víctimas, sus familiares y sus amigos), a la libertad de pensamiento, de reunión y asociación. En efecto, los atentados contra políticos no nacionalistas, así como contra

periodistas, han creado una situación de enorme dificultad para la acción política y de partido para los no nacionalistas, o para el ejercicio del derecho a la información, hasta el punto que la actividad periodística de los amenazados o la función de representación de estos consejeros municipales y parlamentarios debe desempeñarse con una protección policial personal.

Para hacerse una idea de la amplitud de la acción terrorista de ETA, hay que saber que, según las estadísticas oficiales, desde 1968 hasta finales de 2000, esta organización ha cometido 782 asesinatos, de los cuales 709 después de la aprobación de la Constitución en 1978 (La Asociación Víctimas del Terrorismo – COVITE – ha elevado esta cifra a 719 hasta 1998, en un contexto de 2.789 atentados que han producido 1.867 heridos), es decir, una vez restablecido el régimen democrático, constituido el Estado de las Autonomías y desde luego después de la amnistía de todos los delitos de origen político que se decretó a la llegada de la nueva etapa democrática a España.

Pero desde principios de 2000 (según los datos de la Oficina del Consejero de Interior del Gobierno Vasco concerniente al periodo que va desde el 21/1/00 al 26/1/01, la actuación de ETA, con 25 asesinatos, se ha vuelto más selectiva, concentrando sus acciones contra representantes elegidos por el pueblo (consejeros municipales y diputados de partidos políticos, en particular del Partido Popular y el Partido Socialista), sobre periodistas, profesores de universidad, editorialistas, empresarios que se niegan a pagar el dinero que se les solicita baja amenaza de muerte y naturalmente también contra los militares, las fuerzas de seguridad del Estado, y a menudo contra la propia policía vasca.

Después del asesinato de José Luis López de la Calle, periodista del diario El Mundo, la organización “Periodistas sin fronteras” realizó un estudio según el cual durante el año 2000, además de este crimen, se perpetraron amenazas y atentados contra otros nueve periodistas de toda España y contra más de diez medios de comunicación (periódicos y emisoras de radio), de los que el más cruel fue el atentado fallido contra la pareja de periodistas Aurora Intxausti (El País) y Juan Palomo (Antena 3TV) por medio de una bomba depositada a la puerta de su casa y cuya explosión, por suerte, no funcionó en el momento en que salían con su hijo de un año para llevarlo a la guardería.

2. Además, la actuación de ETA se ha dirigido también contra intelectuales y profesores de la Universidad del País Vasco que están considerados como “españolistas”, aunque sean vascos de varias generaciones, por el simple hecho de no defender las tesis nacionalistas independentistas radicales (o incluso soberanistas, según el término empleado en ciertos medios). Su Presidente, una persona profundamente serena, a pesar de estar él mismo amenazado de muerte, reconoció ante mí la dificultad de la situación, sobre todo desde que pusieron una bomba en el ascensor de la facultad donde impartía sus clases la profesora Edurne Uriarte, que salvó la vida gracias a la perspicacia de su escolta, lo que ha llevado a que otros profesores igualmente amenazados, hayan tenido que abandonar la enseñanza y otros incluso, se hayan ido a universidades extranjeras.

Al preguntar cuántos profesores se encontraban en esta misma situación y estaban protegidos por la policía, me pidió que no publicara esos datos, deseo que respeto, naturalmente, comprendiendo perfectamente las razones, deseando hacer saber la profunda angustia que pude sentir al constatar la dura realidad a la que deben enfrentarse los alumnos, los profesores y los intelectuales que siguen defendiendo su libertad de pensamiento, aun corriendo un riesgo personal. Creo que el reciente acto de solidaridad de 52 presidentes pertenecientes a la Conferencia de los Rectores de Universidades Españoles hacia sus colegas de la Universidad Vasca es también un claro compromiso en defensa de la libertad.

3. En el curso de mis encuentros con todos los responsables, tanto del Estado como de la Administración Autónoma, he encontrado un rechazo y una condena absoluta de esta acción terrorista que está considerada como inexplicable en un país donde los poderes públicos respetan y defienden todas las libertades y en particular las de pensamiento y asociación. En efecto, en el País Vasco, donde hay siete partidos con representación parlamentaria, se encuentra entre ellos uno llamado Euskal Herritarrok, que asume los postulados de ETA, promueve la independencia de lo que él llama Euskal Herria (entidad territorial hipotética que englobaría el País Vasco, la Comunidad Autónoma de Navarra y las provincias vasco-francesas) y cuyos responsables y los cargos electos (salvo alguna rara excepción individual) nunca condenan un acto terrorista, sino al contrario, defienden la razón de ser de la acción terrorista, debida a la existencia de lo que ellos llaman un conflicto político entre el Estado español y Euskal Herria. Este partido se presenta a las elecciones y tiene representantes tanto en el Congreso de los Diputados como en el Parlamento Vasco, aunque han rechazado participar en las sesiones de las cámaras legislativas.

No hace falta, pues, que esta acción terrorista de ETA esté directa y sistemáticamente en el origen de la violación de los derechos fundamentales de las personas que son víctimas directas de sus crímenes, y de todas las demás que, dado el sistema de terror ambiente, se siente restringidos en el libre ejercicio de sus derechos cívicos y políticos, en tanto que ciudadanos de una verdadera democracia y cuando no se identifican con las opciones de los independentistas. En resumen, la acción de ETA pasa conscientemente por el crimen o la extorsión individual, para intentar crear un clima general de miedo, en el que una parte de la población, no nacionalista, y en particular sus elementos representativos e intelectuales, se sienten amenazados de tal suerte que renuncian a ejercer sus derechos y abandonan el País Vasco, o recurren a la protección policial, con todo lo que ello supone, como dificultades en la actuación política, sin contar la angustia personal y familiar. Y no hay que olvidar que el voto a favor de opciones no nacionalistas se ha vuelto especialmente arriesgado en las pequeñas aglomeraciones donde los nacionalistas radicales controlan las alcaldías. Desde este punto de vista es evidente que la acción terrorista está dirigida directamente contra el funcionamiento del sistema democrático y la libertad de los ciudadanos.

4. Pero hoy día sería insuficiente considerar la acción directa de ETA como la única causa de las múltiples violaciones de los derechos humanos, especialmente en el País Vasco.

Después de haber escuchado a muchas personas, organizaciones y representantes del sindicato mayoritario de la policía autónoma vasca, no cabe duda de que la llamada Kale Borroka se ha convertido también en una causa directa de la violación de los derechos humanos en el País Vasco.

La acción violenta en las calles, que va desde el ataque a los comercios, el incendio de autobuses y de mobiliario urbano, al ataque contra los consejeros municipales, parlamentarios, periodistas y sus familias, incluida la colocación en las calles de carteles con la imagen de personas denunciadas como españolistas que, en muchos casos, han sido después víctimas de atentados, mortales en algunos casos, es en sí un elemento determinante de la sensación (realidad) de inseguridad en la que viven numerosos ciudadanos directamente afectados (cerca de tres mil personas especialmente en el punto de mira, según los testimonios), y es en todos los casos una causa directa de la imposibilidad para una parte de la comunidad de ciudadanos de ejercer libremente sus derechos cívicos y políticos.

La asociación Gesto por la Paz considera que esta violencia de la Kale Borroka ha pasado de una fase difusa a una “estrategia clara y premeditada de ataque y de persecución de ciertas personas”, debido a su ideología o a su condición de representantes de la ciudadanía; y que en consecuencia “no hay duda de que estamos frente a unos auténticos ataques a la libertad política y a la misma democracia, porque se trata de restringir la expresión del pensamiento y de la acción política a cierto sector de la ciudadanía”. Por eso esta asociación califica al Kale Borroka, sencillamente, de “violencia de persecución”.

La misma Iglesia Católica, en voz del muy respetado arzobispo Juan Uriarte, ha advertido que “hay una palabra que se intenta encadenar y amordazar por medio de la amenaza y el asesinato. Es el atentado más grave posible a la libertad de expresión. Es completamente intolerable ahogar la voz de alguien, incluso si es exagerada e injusta, eliminando físicamente al emisor” (carta pastoral Renovarse y pacificar, adviento 2000, pág.38).

5. Por lo tanto, he podido constatar la realidad de una violencia urbana con objetivos políticos de persecución de los no nacionalistas. Ya nadie niega esta violencia que se burla cada día de los derechos humanos de numerosos ciudadanos vascos. Aunque esto ya sea muy grave, hay otro dato que me parece aún más grave: es la acusación que he oído por parte de los intelectuales, profesores, periodistas, organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos y las representantes de las víctimas del terrorismo, así como de los consejeros municipales y otros, cargos electos de diversos partidos, que semejantes acciones de violencia se desarrollan prácticamente en un estado de impunidad, porque la policía autónoma vasca (la Ertzaintza) interviene generalmente tarde, o cuando los hechos violentos ya han tenido lugar, sin efectuar prácticamente detenciones significativas, y sin proceder a un trabajo serio de investigación sobre los orígenes, la composición o el funcionamiento de estos grupos violentos, claramente complementarios de la acción de ETA, que parece dirigir o inspirar sus acciones violentas.

Se afirma que esta pasividad policial se acentuó durante la última tregua mantenida por ETA, después de los famosos acuerdos o declaración de Lizarra, suscritos por los partidos nacionalistas democráticos con los radicales y otros grupos nacionalistas, entre ellos algunos cercanos a ETA.

6. Las autoridades competentes, a saber, el Consejero de Interior y el Lehendakari o Presidente del Gobierno Vasco, a que los pregunté a este respecto, rechazaron enérgicamente esta acusación, reafirmando el compromiso de la policía vasca en la defensa de las libertades.

Según las cifras oficiales, los efectivos de esta policía autónoma integral son de 7.182 agentes, de los que 4.323 se ocupan de la prevención, 1.540 de la investigación, 232 de la información, 71 de la neutralización y 524 de la protección de personas (es decir, las escoltas de las personas amenazadas) y los otros 429 de tareas diversas.

Para poner en evidencia la dificultad de la acción policial, se afirma que durante el año1999 tuvieron lugar 5.024 manifestaciones y 14.507 durante el año 2000. En cuanto a las acciones urbanas violentas, la oficina del Consejero de Interior, aun reconociendo la dificultad de establecer estadísticas totalmente fiables, reconocía sin embargo que se habían producido unas 774 durante 1999 y cerca de 893 durante el año 2000. Las detenciones realizadas por la Ertzaintza durante el año 2000 en relación con estos actos del Kale Borroca ascienden a 97 (más tres para la policía municipal y 18 para la policía nacional dependiente del Estado). Si, según la oficina del Consejero de Interior, “se añaden las anteriores detenciones llevadas a cabo por la Ertzaintza no sólo por sabotajes sino también por otras causas incluidas en el concepto de violencia urbana (amenazas, coacciones, orden público) la cifra total asciende a 203”. Sin embargo, un análisis de estas últimas cifras en su contexto presenta más bien que se refieren a detenciones por actos violentos urbanos, no necesariamente ligados al Kale Borroka.

En cualquier caso, es significativo que sea el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, quien con el apoyo de la Policía Nacional, haya efectuado la más reciente operación de detención de elementos dirigentes y responsables de la organización juvenil Haika (6-3-01) acusados de ser los autores o los instigadores de la violencia urbana y el semillero de terroristas de ETA.

7. El sindicato ERNE, el más representativo, por mayoritario, de los miembros de la Ertzaintza, mantiene una posición muy crítica frente a su comandante, al que atribuye la omisión de dar órdenes de persecución del Kale Borroka, y afirma que la mayoría de sus agentes se dedican a proteger a las personas, como escoltas, mientras que otros 3.500 realizan una protección estática y de apoyo a la protección personal, además de la circulación y la seguridad ciudadana en general, lo que hace que el trabajo de investigación prácticamente no se lleve a cabo. Los representantes de este sindicato sostienen que están desmoralizados por las instrucciones recibidas (nunca escritas) de no intervenir activamente en las persecuciones contra el Kale Borroka y que muchos agentes están desmotivados después de haber oído a sus superiores, durante los pasados meses, decir que lo importante era negociar. Como ejemplo de esta inactividad policial explican que, aunque disponen de una excelente brigada móvil,

expresamente preparada para intervenir en casos de violencia urbana, no pueden hacerlo sin recibir una orden directa del Viceconsejero de Interior, lo que evidentemente retrasa su intervención.

Este sindicato, en un documento expresamente dirigido al Comisario de los Derechos Humanos afirma: “En nuestra opinión, la situación de los derechos humanos en el País Vasco atraviesa un período de profundo deterioro” y “la ejecución de la tarea institucional vasca de salvaguardar las libertades en el País Vasco y la protección de las personas y los bienes en su territorio ha sido claramente ineficaz”.

Estas afirmaciones coinciden con una queja que me formuló el presidente de la Universidad del País Vasco que, enfrentado a incidentes violentos en el campus universitario, solicitó por teléfono la intervención de la Ertzaintza. Le respondieron que enviara su solicitud por fax, y tuvo que enviar el fax una segunda vez porque “no estaba legible”. Naturalmente, cuando llegaron los policías, ya sólo quedaban los vestigios de la acción violenta.

8. Aunque sea muy difícil probar el carácter premeditado de algunas reacciones policiales cuando se trata de acciones del Kale Borroka, no es menos cierto que las denuncias que he recibido, en particular de personas que han sido víctimas de ello, así como del mismo sindicato de la Ertzaintza (sin olvidar el número de detenidos proporcionalmente muy bajo en relación con los actos públicos de violencia) ponen de manifiesto un funcionamiento anormal en la policía autónoma vasca en cuanto a la represión y a la investigación de estas conductas delictivas, que afectan tan gravemente a la vida democrática en la Comunidad Autónoma.

Esta situación debe ser analizada urgente y seriamente por los responsables de estas fuerzas de seguridad, para tomar inmediatamente las medidas necesarias para permitir que la población amenazada sienta que la policía autónoma vasca es una policía eficaz y comprometida en la lucha contra este tipo de criminalidad, como lo fue – y ellos lo reconocen – en el pasado.

Si, teniendo cuenta todo lo que se ha descrito, se puede apreciar cierta responsabilidad del gobierno vasco concerniente a la falta de una protección suficiente y eficaz de los derechos fundamentales de los ciudadanos, tampoco se puede olvidar que, según el artículo 1º de la CEDH, es el Estado Español el que debe garantizar “a toda persona relevante de su jurisdicción los derechos y las libertades definidas en el Título I de la presente Convención”, por consiguiente quien debe también adoptar o reforzar las medidas necesarias para garantizar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos vascos.

IV. Otras cuestiones relacionadas con la protección y el respeto de los derechos humanos, planteadas por las organizaciones representativas de las familias de los detenidos y de los presos en relación con los actos terroristas, así como por sus representantes legales.

1. Por otra parte, los representantes de la organización Senideak manifestaron su preocupación por el trato a personas detenidas por haber cometido actos terroristas o haber colaborado con banda armada. Estos detenidos, en su opinión, están sometidos regularmente a tortura y las garantías para luchar contra estas prácticas no son suficientes. Han reclamado el derecho de los miembros de ETA encarcelados a cumplir sus penas en prisiones del País Vasco, así como la necesidad de poner fin a las llamadas “entregas administrativas”de detenidos por parte de otros países a la policía española.

Aunque sea evidente, en vista de lo anteriormente relacionado, que la verdadera violación de los derechos humanos en el País Vasco no reside en las condiciones de la detención de los terroristas ni de su permanencia en prisión, dada la naturaleza de las afirmaciones, se les pidió que aportaran datos concretos y una información específica que permitiera evaluarlos con precisión. Al día de hoy estas informaciones y documentos no han llegado a mi oficina.

2. Sin embargo, a lo largo de mi viaje, yo mismo visité la prisión de Basauri para hacerme una idea de las condiciones de detención en este establecimiento penitenciario, y no recibí quejas de malos tratos o de torturas por parte de los presos con los que me encontré en esta ocasión. Por el contrario, varios vigilantes se quejaron de recibir continuas amenazas de la organización terrorista y de sus miembros cuando éstos se encontraban en prisión, amenazas que fueron seguidas por atentados y el asesinato de varios funcionarios.

3. Por otra parte, sobre las garantías durante el período de detención, según los artículos 520bis y 527 del código de procedimiento penal, la duración del arresto preventivo por delitos de colaboración con banda armada y de terrorismo puede llegar (como para los otros casos) hasta tres días. Sin embargo, puede ser prorrogado hasta dos días más, por decisión motivada en las primeras cuarenta y ocho horas. La arresto preventivo podrá no comunicarse si el juez así lo decide en un plazo de cuarenta y ocho horas por decisión motivada. El arresto preventivo incomunicado tiene los mismos derechos de defensa que los previstos para el resto de los detenidos preventivos con las siguientes precisiones: el abogado (durante el arresto preventivo) será nombrado de oficio y el detenido no podrá entrevistarse en privado con él (como ocurre con los demás detenidos), y el hecho y el lugar de la detención no se pondrán en conocimiento de un pariente o de la persona deseada. El examen médico realizado un médico forense está previsto en las mismas condiciones que para el caso general de los arrestos preventivos.

El Tribunal Constitucional español no ha declarado esta norma inconstitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no ha emitido hasta el momento ninguna condena sobre esta cuestión.

Por su parte, y en su último informe sobre España, el Comité para la Prevención de la Tortura y las penas o el trato inhumano o degradante (CPT/Inf (2000(5) abordaba estas cuestiones en profundidad y ponía en evidencia que la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1995 “que ha reforzado el dispositivo de sanción de los representantes del Estado culpables de actos de tortura, de malos tratos” o de “violación de las garantías constitucionales” por parte de una autoridad pública oficial y que “durante la visita, la delegación del CPT no ha recogido ninguna alegación de tortura por parte de las personas interrogadas que estaba o habían sido recientemente detenidas por las fuerzas del orden españolas”. Sin embargo, en ese informe, se hacían algunas

recomendaciones sobre la posibilidad de reducción de los plazos de detención a lo estrictamente necesario para la eficacia de la investigación, así como sobre la práctica de intervención de los médicos forenses, que son completamente razonables, si me remito a ellas.

En cuanto al cumplimiento de las penas en centros penitenciarios del País Vasco cercanos al domicilio del detenido, esta medida no está contemplada en la Constitución ni en la legislación penitenciaria como un derecho, sino como un objetivo de la política penitenciaria para favorecer la reinserción del condenado. El Tribunal Constitucional lo declaró en varias ocasiones y hasta el momento el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos no ha hecho una interpretación en sentido contrario. Sin embargo, y partiendo del hecho de que esta causa no está en el origen de ninguna violación de los derechos contemplados en la Convención Europea de los Derechos Humanos (arts. 5, 6, 7), creo que, en la medida de lo posible y a condición de que esto ayude realmente al proceso de reinserción, hay que favorecer el cumplimiento de las penas en los centros que ofrezcan más facilidades para la consecución de este objetivo, y en este sentido la proximidad de sus familiares y de su lugar de origen puede y debe ser un elemento que tengan en cuenta las autoridades competentes.

4. Las entregas administrativas de los detenidos a las autoridades españolas por parte de otros países de la Unión Europea sin haber recurrido al procedimiento tradicional de la extradición, plantea algunas cuestiones que habría que tomar en consideración.

Así el entendimiento tradicional de la soberanía de los Estados y las características de la comunidad internacional anterior al proceso de integración supranacional han hecho que la persecución de presuntos responsables de delitos, cuando se encuentren fuera de las fronteras del Estado del juicio o del tribunal conocedor de la causa, se efectúa únicamente según el procedimiento de la extradición. Sin embargo, en el marco jurídico-político propio de la Unión Europea es hoy posible contemplar la puesta en práctica de otros mecanismos legales para resolver eficazmente este problema, sobre todo cuando los países que la forman comparten tradiciones constitucionales comunes y han asumido además la Convención Europea de los Derechos Humanos y están por consiguiente sometidos a la jurisdicción del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.

Se puede hablar, por lo tanto, de un espacio europeo en cuyo seno se impone una misma concepción de estos derechos, de tal forma que, de acuerdo con las disposiciones del art.6º de la Convención, son comunes no sólo los derechos humanos de carácter nominal, sino también los de carácter instrumental, los que aportan las garantías gracias a las cuales se preservan los primeros. Es por lo tanto la identidad esencial de los derechos y garantías lo que distingue actualmente este espacio que se ha construido en Europa y en particular el que existe en el seno de la Unión Europea.

Sin embargo, aunque desde el punto de vista anteriormente expuesto la entrega administrativa de un detenido no debe producir un cambio sustancial en su status, porque ello no disminuiría su posición jurídica, que se distingue siempre por su propio contenido, y tampoco interrumpe el curso del procedimiento que conduce a su puesta a disposición del juez que ha dictado la orden en virtud de la cual ha sido detenido en el lugar en que se encontraba, yo creo que la resolución adecuada de los interrogantes a los que hacía referencia en cuanto a la utilización de estas “entregas administrativas”, debe encontrarse en la instrumentalización apropiada de los mecanismos legales alternativos (al menos en los países de la Unión Europea) al procedimiento tradicional de extradición.

Para alcanzar este objetivo lo antes posible, un camino podría ser la reglamentación comunitaria del llamado “aviso europeo de busca y captura”, o un instrumento semejante, en particular para los delitos contemplados en el art.29 del Tratado (delincuencia organizada, terrorismo, trata de seres humanos, delitos contra los niños, tráfico ilegal de drogas y armas, corrupción y fraude) y según las disposiciones del art. 34 del mismo Tratado, pues es urgente establecer una vía legal que permita superar las dudas o las sospechas que podrían planear hoy día respecto a los derechos de los detenidos.

V. Conclusiones finales

Aunque en este primer breve informe no he querido abordar más que las cuestiones más graves concernientes a la violación de los derechos humanos por la violencia terrorista y urbana sobre la población vasca, no hay duda de que en el curso de mi visita pude escuchar y apreciar otras informaciones que merecerían un análisis más en profundidad, pues podrían estar a la base de numerosas manifestaciones de violencia como las ya descritas.

Concretamente, el uso de los medios de transmisión de la cultura y del conocimiento para favorecer entre los jóvenes y los niños un acercamiento al conocimiento a partir de una concepción legítima de las posiciones nacionalistas, pero hecha desgraciadamente según una sola opinión de exclusión y agresiva hacia los no nacionalistas, rozando a veces la incitación a posiciones racistas o xenófobas, lo que es sin duda incompatible con una concepción democrática de la sociedad, y constituye un germen de violaciones de los derechos humanos.

Aunque yo haya conocido por información directa del Consejero de Educación del Gobierno Vasco, los esfuerzos y las campañas escolares que tienen lugar actualmente para promover valores como la igualdad, no es menos cierto que habría que estudiar el contenido de algunos libros de texto, no precisamente de acuerdo con un objetivo de promoción de la comprensión recíproca y de la convivencia, o la erradicación de determinados programas de la televisión pública vasca en los que se tolera que los niños canten canciones de desprecio hacia los españolistas.

Todas estas cuestiones, por su importancia, merecen un análisis posterior y un seguimiento que yo no estoy en condiciones de realizar en este momento con el rigor necesario, limitándome por consiguiente a los puntos esenciales expuestos y a las recomendaciones formuladas.

ANEXO

PROGRAMA DE LA VISITA OFICIAL A ESPAÑA
DEL SR. ÁLVARO GIL-ROBLES,
COMISARIO DE DERECHOS HUMANOS
DEL CONSEJO DE EUROPA,
DEL 5 AL 8 DE FEBRERO DE 2001

Viernes, 2 de febrero de 2001

17h30 Llegada a Madrid

Lunes, 5 de febrero de 2001

10h00 Entrevista con el Sr. Rodríguez Zapatero, Secretario General del PSOE

11h30 Entrevista con la Sra. Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Presidenta del Congreso de los Diputados

12h30 Entrevista con el Sr. Josep Piqué i Camps, Ministro de Asuntos Exteriores

14h30 Almuerzo con el Sr. Savater, Plataforma “Basta Ya”

16h30 Entrevista con el Sr. Arenas, Secretario General del PP

18h00 Entrevista con el Sr. Jaime Mayor Oreja, Ministro de Interior

19h50 Salida en avión hacia Bilbao

22h00 Cena en Bilbao con representantes de la Universidad

Martes, 6 de febrero de 2001

8h30 Entrevista con el Sr. Iñaki Azkuna, Alcalde de Bilbao

9h15 Entrevista con representantes de la Asociación Elkarri

10h00 Entrevista con representantes de Foro de Ermua

11h00 Entrevista con representantes de ERNE

12h00 Entrevista con representantes de COVITE, Coordinadora Víctimas Terrorismo

13h00 Entrevista con representantes de Gesto por la Paz

13h55 Entrevista con el Sr. Javier Madrazo Lanvin, Secretario General de IU-EB

14h00 Entrevista con los Sres. Xabier Arzalluz y Gorka Aguierre (PNV)

16h30 Visita de la prisión de Bilbao (Basauri)

17h30 Entrevista con representantes de Foro el Salvador

18h00 Entrevista con el Sr. Manuel Montero, Rector de la Universidad del País Vasco

19h00 Salida hacia San Sebastián

20h30 Entrevista con monseñor Uriarte, Obispo de San Sebastián

21h15 Entrevista con representantes de Plataforma “Basta Ya”

Cena

01h00 Salida en coche hacia Victoria

Miércoles, 7 de febrero de 2001

9h00 Entrevista con el Sr. Sabin Intxaurraga, Consejero de Justicia

10h15 Entrevista con el Sr. Inaxio Oliveri, Consejero de Educación

11h15 Entrevista con el Sr. Javier Balza, Consejero de Interior

12h30 Entrevista con el Sr. Juan José Ibarretxe Markuartu, Presidente del Gobierno Vasco

Almuerzo ofrecido por el Sr. Juan José Ibarretxe Markuartu, Presidente del Gobierno Vasco

16h15 Salida hacia el Parlamento Vasco

16h30 Entrevista con el Sr. Juan María Atutxa Mendiola, Presidente del Parlamento Vasco

18h00 Entrevista con los Portavoces del Parlamento Vasco

19h00 Entrevista con el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento

19h15 Entrevista con el Ararteko (Ombudsman del País Vasco)

19h30 Entrevista con representantes de Senideak

Jueves, 8 de febrero de 2001

5h50 Salida hacia el aeropuerto

6h45 Salida del vuelo (según el horario, salida actual a las 8h30)

9h30 Llegada a Madrid

10h00 Entrevista con la Sra. Sonsoles Álvarez de Toledo, Presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, y con el Sr. Juan Antonio Corredor

10h30 Entrevistas con los Portavoces del Congreso de los Diputados

13h00 Entrevista con el Sr. Javier Delgado Barrio, Presidente del Consejo General del Poder Judicial,

14h00 Almuerzo con representantes de la prensa

17h05 Salida hacia Estrasburgo.



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